El tema de los negocios y la guerra es extremadamente complejo y no valen las fotos fijas. En casi todos los conflictos bélicos a lo largo del planeta hay negocios implicados, grandes y pequeños. El conflicto se alimenta con el negocio, e incluso a veces genera las oportunidades de negocios que sin él no existirían, y es este el que determina de cabo a rabo las relaciones de poder y las cadenas de producción, distribución y acumulación que lo caracterizan.
El caso de los Grandes Lagos, con su impacto en vidas humanas y la repercusión mediática que ha tenido, ha sido un punto de inflexión, a partir del cuál se están moviendo algunas cosas en esa relación entre negocios y guerra. La crisis económica occidental, por otro lado, también ha dado un empujón que muy lentamente se empieza a notar. Por un lado, las disposiciones voluntarias de la OCDE y de la ONU, a través de las normativas de debida diligencia, han empezado a marcar estándares para la trazabilidad de los minerales estratégicos en sus países de origen. Aunque algunas empresas se hagan las remolonas argumentando que no pueden asegurar de dónde vienen al 100% sus partidas de tántalo u oro y ganen algo de tiempo, la tendencia ha pasado del “imposible” al “veamos cómo hacerlo”. “Tres o cuatro juicios al año a sendas empresas, animan bastante la cuestión”, argumentaba un experto, poniendo el dedo en la llaga: la voluntariedad está bien, pero el cumplimiento de leyes como la Franck Dodd Act americana, con la que Obama se propuso airear Wall Street en 2010 a raíz del estallido de la burbuja inmobiliaria, son un acicate imprescindible. La cadena de producción que constituye el mercado estadounidense acaba imponiendo estándares a nivel mundial.
Los estudios en terreno en la República Democrática del Congo desvelan que se ha reducido la proporción de estaño, tungsteno y tántalo que financian el conflicto, ya que su producción se ha trasladado sensiblemente a otras áreas. También se ha reducido el control por parte de las fuerzas rebeldes de las minas y en general las empresas que quieren cumplir la ley Dodd Frank no comercian desde allí. Incluso una policía minera, menos agresiva con los derechos humanos que el ejército, empieza a tomar el control.
Pero el camino es tortuoso: el embargo preventivo de facto de las empresas a algunas regiones, está socavando los ingresos de la gente, así como la capacidad recaudatoria del Estado. Y es este el que tiene que cumplir el papel de supervisor, no puede hacerlo siempre la sociedad civil, aunque sea imprescindible su rol para generar avances. “¿Y quién nos dice que el Estado no es corrupto también?¿No son legítimas muchas fuerzas insurgentes? ¿No habría que hablar con todas las partes?”. Por no decir que todavía no hay un sistema para resarcir a las víctimas e ir más allá de la transparencia de las empresas. Además, claro, está el dinero: “Cualquier narcotraficante cuenta con que perderá un 30-40% de su producto. Sin embargo, sólo el 1% de los beneficios llega a ser intervenido, y al final siempre se blanquean de una u otra forma y entran en nuestra economía”. ¿Se imaginan el problema que supone tener hasta el 8% del PIB mundial, contando la evasión fiscal producida, en manos del crimen organizado?¿La de armas que se pueden comprar para perpetuar el conflicto que posibilita el negocio o la de voluntades que se pueden acallar?
El proceso está ahí, se mueve y hay que pilotarlo con esmero. La semana pasada el Institut Català Internacional per la Pau, organizó en Barcelona el segundo encuentro de una red mundial de investigadores orientada a estudiar esta cuestión. Ojalá encuentren la manera de consolidar esa red, merece la pena que se siga apoyando, como tantos campos de la investigación al desarrollo. Como sugería un folleto en el dossier que entregaban, ¿cómo se puede hacer política sin tener evidencias? Hay que empujar desde todas las partes involucradas para conseguir romper esa relación perversa.
Miquel Carrillo, 28/01/2013
http://blogs.elpais.com/3500-millones/2013/01/el-negocio-y-la-guerra.html
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