La semana pasada en un comunicado el Tribunal de Cuentas Europeo afirmaba que de los 5.600 millones de euros concedidos desde la UE en ayudas dirigidas a que los estados elaboren programes de Desarrollo Rural para el aumento del valor añadido de los productos agrícolas o mejorara la competitividad de la agricultura en realidad no ha sido.
Lejos de orientar la financiación a aquellos proyectos que tienen una necesidad demostrable de ayuda pública lo han convertido en la medida ayuda general a empresas que invierten en el sector de la transformación alimentaria, con los riesgos añadidos de distorsión de la competencia y despilfarro de los escasos fondos públicos.
Simple y llanamente afirman que han sido una “donación a empresas del sector de la transformación alimentaria” mejorando artificialmente sus cuentas de resultados.
Para este informe el Tribunal de Cuentas analizó 6 grandes programes de toda la UE, entre ellos uno de Castilla León.
Este informe contrasta dramáticamente con la situación agraria en el Estado español. Al mismo tiempo que sucede todo esto, la agricultura familiar sufre una crisis sin precedentes, aplastada por una agroindustria cada vez más poderosa y unos supermercados más agresivos. Con enormes dificultades de acceso a tierra para nuevos agricultores, con ninguna ayuda para poner en marcha explotaciones familiares, producciones artesanales, eso sí con todas las barreras administrativas y legislativas para que la agricultura familiar y sostenible no se pueda dar.
Ahora sabemos que una pequeña minoría se ha beneficiado de nuevo a costa de muchos pequeños. Es urgente que el Gobierno ponga fin a este escándalo y que reoriente y controle estas ayudas, en un momento que además no sobran.
Javier Guzmán
Director de VSF Justicia Alimentaria Global
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